Con el propósito de dar mayores garantías jurídicas a la fuerza laboral dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de San Juan. La Legislatura Municipal de San Juan, presentó dos medidas que protegen legalmente a los empleados que tengan una prescripción médica o autorización legal, para el uso de cannabis medicinal, y den positivo a una prueba de uso de sustancias controladas.
“Existe en este momento una situación conflictiva. Por un lado, el estado ha permitido que se utilice el cannabis y los derivados del cannabis, para atender condiciones de salud. Hay personas que se certifican para utilizar productos derivados de este y también hay médicos que están certificados y que recetan productos de cannabis. Por otro lado, tenemos una legislación aprobada arcaica que le crea problemas a la gente que lo usa. Por ejemplo, el no lograr conseguir un empleo, cuando tanto la empresa privada como el gobierno le exigen que se haga una prueba de dopaje. Entonces, ¿cómo tú vas a penalizar a alguien por usar una medicina que es recetada por un doctor legalmente?, expresó Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan.
Según se desprende del Proyecto de Ordenanza número 1, serie 2019-2020, ni la Ley número 59-1997, mejor conocida como la Ley para Reglamentar las Pruebas de Detección de Sustancias controladas en el Sector Laboral Privado, ni la Ley número 78-1997, conocida como la Ley para Reglamentar las Pruebas de Sustancias Controladas en los empleados Públicos, según enmendadas, son explícitas sobre cómo manejar situaciones donde un empleado arroja un resultado positivo en una prueba de detección de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas para las cuales posee permiso de uso legítimo por parte del Estado o de aquellos facultados en ley para así hacerlo. Definiendo así ambos estatutos “drogas” o “sustancias controladas de Puerto Rico” exceptuando el uso de sustancias controladas por prescripción médica u otro uso autorizado.
El Municipio Autónomo de San Juan interesa prohibir que se tomen represalias contra cualquiera de sus empleados o candidatos a empleo por este arrojar un resultado positivo en una prueba de detección de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas para las cuales cuenta con prescripción médica o autorización legal. Por tanto este Proyecto de Ordenanza establece: Que se prohíba la toma de cualquier acción disciplinaria contra empleados del Municipio Autónomo de San Juan, o rehusar el empleo, traslado o ascenso de un empleado o candidato a empleo en el Municipio Autónomo de San Juan, basado en el resultado positivo de una prueba de detección de sustancias controladas al consumo de una o varias sustancias controladas para las cuales el empleado evidencia tener prescripción médica o autorización legal.
Mientras el Proyecto de Ordenanza número 2, serie 2019-2020, establece que ningún patrono dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de San Juan, pueda discriminar contra algún empleado o aspirante a empleo por razón de que utilice algún medicamento para el cual tenga una prescripción médica o autorización legal, como cannabis medicinal, ya sea en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier acción disciplinaria en el empleo; establecer disposición sobre acomodo razonable, establecer exclusiones, entre otros.
“No se puede permitir que una persona que está utilizando un producto recetado por un doctor en medicina, recetado legalmente, le cause a alguien un problema de trabajo por su condición de salud. Por lo tanto hay que modernizar la legislación y decir que lo que estamos haciendo aquí dentro del terreno que podemos reglamentar que es el Municipio de San Juan, tanto en el gobierno municipal como las empresas que operan en San Juan es, que la utilización de una medicina recetada por un doctor legalmente no puede utilizarse de una manera negativa para crearle un problema a un paciente que la va utilizar; de eso es que se trata esto. Es sencillamente de armonizar las realidades de empleo y de licencia, con las realidades con la autorización de una medicina que se está utilizando legalmente”, concluyó Rigau.
El Proyecto de Resolución número 16 también fue aprobado para exhortar a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a los demás municipios que adopten medidas similares a las propuestas por la Legislatura Municipal de San Juan en cuanto a justicia social, laboral y de salubridad para proteger a la clase trabajadora del discrimen por razón de que utilicen algún medicamento para el cual tengan prescripción médica o autorización legal. Actualmente, aproximadamente 11 estados ofrecen protección en el lugar de trabajo a pacientes certificados para usar cannabis medicinal, entre ellos, Arizona, Delaware, Minnesota y California. Específicamente, en California la ley limita la capacidad de un empleador a rechazar a un solicitante autorizado para utilizar cannabis medicinal, por un resultado positivo o su admisión de que usa cannabis medicinal.
Mientras, según datos provistos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), cerca del 75% de las personas registradas y autorizadas para utilizar cannabis medicinal, se encuentran entre los 21 a los 59 años. Se trata de personas en plena edad productiva. Basado en dicha información, se estima que 15 mil personas activas en el mundo laboral podrían enfrentar alguna situación por el uso del cannabis medicinal. Además, dicha agencia entiende que, un empleado que arroje positivo en una prueba de dopaje, única y exclusivamente a cannabis y esté debidamente registrado y autorizado al uso del cannabis medicinal, no debe ser referido a un proceso de rehabilitación, ya que no solo estaría demostrando el uso ilícito de la sustancia, sino que no se debe entender por esto que la persona padezca de algún trastorno por consumo de sustancias. Al igual que es importante proveer ciertas salvaguardas y protecciones para los empleados capacitados que estén certificados para el uso del cannabis medicinal.