La Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ), aprobó el proyecto de Resolución número 41, serie 2018-2019, el cual solicita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que no apruebe su reglamento propuesto que permitiría el depósito y uso de cenizas de carbón en cualquier parte de Puerto Rico, en vertederos, proyectos de construcción como relleno, modificación y/o estabilización del terreno, entre otros. Este reglamento cataloga las cenizas de carbón como un desperdicio sólido no peligroso, omitiendo información y estudios científicos que muestran la peligrosidad, toxicidad y radiactividad de estos residuos.

“La Legislatura Municipal de San Juan entiende que este reglamento propuesto es defectuoso, no debe ser aprobado como ha sido presentado y que debe redactarse un documento nuevo que tome en consideración los estudios científicos que demuestra la peligrosidad de este tipo de residuos”, lee parte del proyecto aprobado.

La Ley 40-2017, conocida como la “Ley para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico”,  le otorgó noventa (90) días a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), para aprobar un reglamento para el fiel cumplimiento de esa ley. Con más de doce (12) meses de retraso, el DRNA, quien asume ahora las funciones de la JCA, presentó un documento titulado: “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón”, pretendiendo con esto cumplir con el mandato de ley.

Este propuesto reglamento se presenta en momentos en que la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, ordenó mediante la Resolución del Senado 727, realizar una investigación abarcadora sobre los hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA-Environment LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de transportar miles de toneladas de cenizas fuera de la isla. El estudio de DNA-Enviroment, LLC, comprobó que las aguas subterráneas en el área de la planta de AES en Guayama están contaminadas con radiactividad y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno. Un segundo estudio reveló que esa contaminación es “estadísticamente significativa”.

Copia de la resolución aprobada será enviada a todas las Legislaturas Municipales de Puerto Rico para impulsar que realicen las medidas legislativas correspondientes y se unan al esfuerzo de solicitarle al DRNA que no apruebe el reglamento que han propuesto.