El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José L. Caldero López, expresó su apoyo al proyecto que busca actualizar la política pública relacionada a la intervención policíaca con personas por posesión de cannabis para uso personal en la Ciudad Capital. Caldero depuso ante las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico, de Seguridad y de Salud, Emergencias y Administración de Desastres, de la Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ), durante reunión en el Salón de Sesiones de la Casa Alcaldía en el Viejo San Juan.
“La política pública implementada hace más de 40 años que prohíbe el uso y la venta de sustancias controladas, lejos de cumplir con la intención legislativa de rescatar y rehabilitar a personas adictas, ha tenido el efecto de convertir la reclusión carcelaria en el castigo preferido por nuestros tribunales de justicia. En Puerto Rico en las últimas décadas el 62 por ciento de los asesinatos, ha estado ligado directa o indirectamente al trasiego de drogas. Esto demuestra que las políticas públicas establecidas para tratar este mal social, requieren otra visión y enfoque para trabajar con este problema. Es por esto que el Municipio Autónomo de San Juan estima que los recursos destinados a la protección y seguridad de sus ciudadanos estarían mejor servidos si enfocáramos los esfuerzos de la Policía Municipal en la lucha y prevención de crímenes violentos”, expresó durante su turno Caldero López. También de la rama ejecutiva municipal compareció la administradora de la Ciudad, Esperanza Ruiz, del Departamento de Salud Municipal, el licenciado José Rabell Cancio y de la Oficina de Asuntos Legales, el licenciado Francisco del Valle Sosa.
El Proyecto de Ordenanza Núm. 14, Serie 2018-2019 establece que la Policía Municipal de San Juan, referirá a la Policía estatal todo caso en donde una persona posea para consumo propio una onza o menos de cannabis, cualquiera de sus derivados o parafernalia, siempre que no exista venta. Este fue presentado por el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau, junto a otros legisladores municipales.
“Lo ideal sería que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico haga lo que tiene que hacer, que es sencillamente despenalizar la posesión de cannabis. Nosotros no lo podemos hacer, si lo pudiéramos hacer lo haríamos. Cambiamos una política pública a sugerencia de la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, y del coronel, José L. Caldero López, en el sentido de que vamos a utilizar los recursos del municipio para atender los crímenes más importantes. Para proteger a la ciudadanía en las áreas donde hay violencia, potencial de violencia o delitos serios. De cierta manera llevamos el mensaje de que la policía municipal no va a atender este asunto como prioridad, ya que tiene unas prioridades más importantes”, expresó Rigau durante su turno.
Esta implantación de política pública ha sido trabajada de manera exitosa en otros países que han adoptado una postura intermedia entre la legalización recreativa y la penalización punitiva: la descriminalización. Países como España, Rusia, Italia, los estados de Illinois y Kentucky, pretenden reducir la violencia asociada al narcotráfico, así como las adicciones y evitar un enfoque represivo hacia los consumidores. Diez estados americanos han legalizado el uso recreativo del cannabis siendo estos: Washington, Alaska, Nevada, Colorado, Oregón, Vermont, Maine, Massachusetts, Michigan y California. Además, de la legalización para fines medicinales en sobre 30 estados de la nación americana. Las políticas basadas en la descriminalización son la rehabilitación, por lo que las penas suelen ser de carácter económico o social, por ejemplo, servicios a la comunidad o multas. Esta es una alternativa a la privación de la libertad por delitos relacionados al cannabis, lo que ha ayudado en muchos países a aliviar el sistema judicial y penitenciario y a reducir las tasas de criminalidad, según establece el proyecto.
Este proyecto se llevará a votación y se espera sea aprobado mañana jueves, 20 de diciembre durante la Sesión Ordinaria de la LMSJ. Una vez aprobado y firmado por la alcaldesa Cruz Soto, comenzará a regir inmediatamente.