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LMSJ promueve una Reforma Educativa que apoye a los desventajados y vulnerables

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En votación tripartita y sin votos en contra, la Legislatura Municipal de San Juan aprobó una resolución para oponerse a la Ley número 85 de 29 de marzo de 2018 conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, impulsada por la presente administración de gobierno central.

“Esta Ley viola el derecho constitucional a una educación pública, no sectaria y gratuita según establece la Constitución de Puerto Rico. Lejos de resolver los retos que enfrenta la educación pública del país, estudios recientes demuestran que el sistema propuesto amenaza con erosionar más la calidad de la educación y ampliar las diferencias socioeconómicas de la población al introducir el ánimo de lucro como criterio rector en estas entidades educativas privadas”, expresó Marco Antonio Rigau presidente de la Legislatura Municipal de San Juan.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó la referida ley, la cuál pasó a ser la nueva Ley Orgánica del Departamento de Educación. Esta creó las Escuelas Públicas Alianza, conocida en Estados Unidos como  Charter Schools. Diversos estudios demuestran que las escuelas chárter y programas de private school vouchers, tanto en Estados Unidos como en otros países, no han probado ser mejores que la educación pública regular, sino que peor aún han demostrado tener el gran potencial de empeorar las desigualdades y segregación socioeconómica, racial y étnica en el estudiantado.

“Esta Legislatura está comprometida con la educación del país y con toda la comunidad escolar que está dispuesta a transformar el sistema educativo desde una coyuntura social y económica en donde los más desventajados y vulnerables reciban servicios y ayudas, y el magisterio cuente con el equipo, la preparación y el apoyo necesario para transformar nuestras futuras generaciones. Esto cónsono con la política pública establecida por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto”, concluyó Rigau. 

En la medida en que se destinen fondos y propiedad pública para sostener, sufragar y sustentar entidades educativas privadas y/o religiosas, no sólo se está infringiendo la cláusula de sostenimiento que contempla la Constitución, sino que se reducen proporcionalmente los recursos disponibles para fortalecer la enseñanza en las escuelas públicas, indica parte de la Resolución.